Ahí lo tenemos otra vez, los politicastros traicionando de nuevo a la ciudadanía, cuando no son unos, son otros, y cuando no, son todos. Y luego van, los merluzos, y encargan a no sé cuántas universidades que averigüen por qué la gente se abstiene de esta manera en las elecciones. Lo que deberían encargar a las universidades es que averigüen qué pasará el día que la gente se harte hasta de abstenerse…

No sin grandes esfuerzos, se había conseguido que saliera del Congreso de los Diputados hacia el Senado una Ley del acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas (LAECAP) bastante aceptable. Con carencias, por supuesto, la más grave de las cuales era la no aceptación de la puesta a pública disposición del software generado por las administraciones públicas.

Esto de la puesta a disposición pública del software no es una tontería. No se trata de un nuevo paso de «los que lo quieren todo gratis» -como dirían los de siempre- sino de algo mucho más esencial: la posibilidad del acceso a software de alta calidad para las pequeñas corporaciones públicas y para las PYMEs. Podrían escribirse páginas enteras sobre el plus de competitividad que esto supondría para el sector más esencial -pero más puteado- de la economía española, puesto que la pequeña empresa no tiene potencia económica para acceder a grandes desarrollos y va muy coja por este lado, obligada como está a conformarse con los productos estándar -estándar privado, of course- del mercado (que, al ser apropiativos, no puede adaptar a sus concretas necesidades)… y eso cuando hay productos estándar en el mercado, porque el que los haya depende de que cumplan con las necesidades de las grandes empresas, que son las que imponen los vectores del desarrollo. Esto hace, además, que el producto disponible sea tan costoso que, muchas veces, ni siquiera empresas ya medianas puedan acceder a él.

Si las grandes administraciones ponen a pública disposición el software que producen, no sólo las pequeñas administraciones (pienso, generalmente, en ayuntamientos) sino también las PYMEs pueden acceder a estos bienes de lo que podríamos llamar de «conocimiento-equipo» porque, además, si se dispone de los grandes desarrollos a coste cero, en muchos casos sí que les sería posible la inversión que supondría adaptarlos a las necesidades concretas de cada cual. Por cierto que ello generaría una dinámica económica de prestación de servicios que favorecería a las PYMEs productoras de software, que tendrían en ello un segmento de negocio muy amplio que podrían cubrir muy adecuadamente. Ya se ve pues, que la puesta a disposición pública del software producido por las administraciones públicas, además de que representaría un plus de valor sobre una inversión que las grandes administraciones deben realizar de todas formas, supondría un importante segmento de negocio en el que las pequeñas empresas productoras de software y prestadoras de servicio sí que podrían competir con las grandes.

¿Qué ocurre pues? Ocurre que las grandes empresas -por cierto, casi ninguna española- no quieren ni oir hablar de ello. No quieren ni oir hablar de ello porque se verían obligadas a trabajar en unas condiciones que no les gustan, como sería la obligación de ceder la titularidad del software -es decir, sus derechos de autor, incluso los peseteros- a la administración actuante -como debería ser, por otra parte- pero, sobre todo, porque perderían el control de un elemento esencial de su predominio gremial: la estandarización. Obviamente, la administración vendría obligada, ya no sólo por la ley (que ahora veremos que ejem), sino por las circunstancias mismas, a exigir que este software se adaptara a estándares públicos y abiertos con lo que el lobby del software apropiativo perdería no solamente los royalties del software sino el control del propio clima en el que se mueven, ya no podrían imponer reglas universales al respecto. Bien excuso mencionar qué empresa es no la única pero sí la principal abanderada del movimiento acerrojante.

Consecuentemente, como en este país -más que en ningún otro: lo que pasa aquí, al respecto, no pasa en ninguna otra parte- los políticos (en su práctica totalidad) están al total, completo (no digo incondicional, obviamente) y rendido servicio de los lobbys empresariales (en casi todas las materias: software, telecomunicaciones, producción multimedia, medios de comunicación, etc.) y al ciudadano al que se deben, que le den ampliamente por el culo, no hubo manera de conseguir que la puesta a pública disposición del software producido por las administraciones saliera consagrada del Congreso de los… bien, de esos. En los medios del software libre y de la normalidad ideal de este país se pensó -santa paciencia y cristiana resignación- que lo que no se había logrado en el Congreso se conseguiría en el Senado, así que sus activistas nos lanzamos a ello.

El Senado, como todo el mundo sabe, es una cámara que no sirve absolutamente para nada. Bien, sí: sirve para que unos cuantos más tengan carnet parlamentario -y la consiguiente inmunidad, ojo- y un sueldecito, y unas dietas y demás… y, bueno, claro, para que todos los trámites se alarguen más que las pilas «Duracell». Tan no sirve para nada, que hace ya años que se quiere reformar la Constitución para hacer algo con ese trasto, pero pasan algunas cosas: la primera, que les da más miedo que vergüenza tocar la Constitución (es uno de los curiosos y muy españoles casos en los que nadie quiere intentar mejorar un bodrio por miedo a que del empeño salga otro aún peor, lo que no sorprende viendo la calaña de los que serían llamados a hacerlo); la segunda, es que realmente no saben cómo hacer algo útil de… eso (vagamente hablan de convertirla -sin general acuerdo para ello- en cámara autonómica, pero sin precisar qué es lo que haría esa cámara tan autonómica y tal).

Pero esta vez, mira, el Senado sí que ha servido para algo y para algo útil, además. ¡No! No hacerse ilusiones. No ha sido útil al ciudadano, sino nuevamente, al lobby mandante. En conclusión: no solamente no se ha conseguido la puesta a pública disposición del software producido por las administraciones públicas sino que, además, se ha retrocedido en otras cuestiones que ya se habían logrado en el Congreso de los… esos. Esta vez, las gracias se las tenemos que dar al PP y al PNV; hay que ver cómo, cuando Micro$oft pone los cojones encima de la mesa, los del toro coñaquero y los del clero carlista se ponen de acuerdo… ayudados por el pedete lúcido de los curitas culoestrechos de las glorias catalanas (me refiero, es obvio, a CiU, también obediente al mando). Nos ha jodido la derecha… después de que la izquierda -así se hacen llamar los correrspondientes, vaya morro- nos haya dejado al pairo las almorranas cívicas.

¿Y en qué otras cuestiones se ha retrocedido? Pues en algunas muy básicas: por ejemplo, se intentó en el Congreso que las administraciones se entendieran con el ciudadano solamente mediante software y estándares libres; algunos, ejem, cívicos servidores (bajo el impulso soberano de quien todos estamos al cabo de la calle) quisieron encajar también, en igualdad de condiciones, «otros estándares internacionalmente aceptados»; no se podía dejar fuera a Micro$oft, válgannos Santa Margarita María de Alacoque, san Sóstenes y san Simeón Estilita. Como es natural, montamos el correspondiente pollo y conseguimos, no la eliminación de los tales y berroqueños «estándares» pero sí que quedaran como una opción secundaria y complementaria, es decir, que cuando la realidad lo aconsejara -casi siempre, ya nos imaginábamos- se podría tirar también de estándares Micro$oft (que no son otros los que se pretenden como «internacionalmente aceptados»); «también» quiere decir que los estándares M$ se utilizarían «además» (no «en vez de») los estándares públicos. No era lo mejor, porque eso implicaba que se seguiría regalando al monopolio dinero público en ingentes cantidades pero, bueno, en definitiva, quedaba garantizado el acceso de todos los ciudadanos a las aplicaciones y trámites de las administraciones públicas cualquiera que fuera el software que se usara. Algo es algo. Pues bien: los graciosos del Senado, en Comisión, se han cargado esa subsidiariedad y si el pleno del día 7 no lo remedia (y mucho nos tememos que no lo remediará) cambiando una «y» por una «o», es decir, el «usará estándares abiertos o, en su caso y de forma complementaria, estándares de amplio uso entre los ciudadanos» se ha convertido -fijáos qué sutil- en «usará estándares abiertos o, en su caso o de forma complementaria, estándares de amplio uso entre los ciudadanos». De la subordinación no excluyente, a la simple sustitución. En su caso, por supuesto. Que serán, no hay ni que decirlo, todos los casos. Esto, además de al PP, se lo debemos también al PSOE. Todos juntos y en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Sólo les falta la boina roja (anda que no estaría guapo el Pepiño de requeté).

¿Hay vergüenza? No señor, no la hay. Ni un milígramo.

Eso aparte, la definición de estándar abierto que se acordó en el Congreso, que no era muy buena pero que, vaya, resultaba suficiente, la han convertido en un chafarriñón a beneficio de hacer con ella lo que les dé la gana. Y, por supuesto, han dejado un agujerito bien guapo para que las administraciones no estatales puedan rifarse la LAECAP tranquilamente; menos mal porque parece que en la Generalitat ya había más de uno al borde del infarto, el tal sabrá por qué…

En fin, un perfecto estropicio y, por supuesto, libertades cívicas a tomar por el saco, todo el puto y jodido país, con sus administraciones públicas en pleno y al frente, en manos de Micro$oft.

Esto es para lo que sirven nuestros diputados y senadores.

A seguir votando.