Suele decirse que en España hay cuarenta y cinco millones de partidos políticos, cuarenta y cinco millones de ideologías y cuarenta y cinco millones de presidentes de gobierno. Me parece exagerado. Debe haber como unos cuantos centenares de miles de inmigrantes que aún no han adoptado los vicios indígenas (aunque todo se andará).

Eso da un valor (mucho valor) añadido a lo que ya no es una simple campaña anticanon sino un verdadero clamor ciudadano contra el canon digital. Si esto empezó hace cuatro años entre un par (y pico) de asociaciones en red (la Asociación de Internautas e Hispalinux) contra la potentísima (que sigue siendo) $ociedad General de Autore$ y Editore$ (vulgo $GAE y más vulgo otras cosas que mejor no repetir por aquello de las demandas por injurias a las que son tan aficionados), lo cierto es que ahora, a medida que la información ha ido calando en el común de la sociedad española, es difícil encontrar algún colectivo favorable al canon que no sea el de los propios interesados. De una parte de los interesados, porque entre ellos también andan a la greña: los guisasola boys pasan de canon y exigen la prohibición redonda (y tipificada en el código penal) de la copia, da igual que sea privada o no, «machacada» disco a disco o bajada de la red; los del emporio bautista, en cambio son partidarios furibundos del canon… que necesita justificarse con la figura de la copia privada. El problema es qué se entiende y qué no por copia privada. Es un problema que no afrontan en público pero al que tarde o temprano se le deberá plantar cara. Si, por una parte, es absurdo pretender que los millones de copias privadas que dicen que se realizan (y con las que pretenden justificar e canon) se llevan a cabo a la vieja usanza, es decir, de soporte físico a soporte físico, por la otra, está claro que no pueden admitir el intercambio en redes de pares porque podría suponer un fraccionamiento de la propia $GAE que conviene no olvidar que es algo muy parecido al sindicato vertical en el que los editores están también (y no poco) representados, tanto, que se sospecha que su peso real en la entidad es mayor que el de los autores propiamente dichos.

El problema lo tienen ahora los políticos, que se han metido solitos en un buen jardín por ignorar la pura y simple realidad social. Metidos en sus burbujas de dorado aislamiento, se negaron a escuchar a los representantes de la sociedad civil y, a la hora de redactar una Ley de Propiedad Intelectual, sólo prestaron oídos a las sociedades de gestión de derechos peseteros de autor y a la industria de contenidos de ocio, como si no hubiera más agentes sociales implicados. Y resulta que «agentes sociales implicados» son nada menos que: la práctica totalidad de la industria tecnológica, el mundo de la empresa, en general, las compañías de telecomunicaciones, las asociaciones de consumidores, los colegios profesionales, las asociaciones de comerciantes, la hostelería, las sociedades de festejos locales, la administración de Justicia, las entidades cívicas, las asociaciones en red, sindicatos… Es decir, sin ambages: la sociedad entera.

Ha habido que ponerle al Parlamento más de 1.300.000 firmas encima de la mesa para que el Gobierno se diera cuenta del error, de la tremenda metedura de pata que estaba cometiendo y, de hecho, de la que ha cometido ya, porque la LPI contiene burradas de no imposible pero sí muy difícil vuelta atrás. Y si es verdad que -no sin grandes esfuerzos de muchos ámbitos en red- se han evitado grandes abominaciones en la LAECAP y en la LISI, no es menos cierto que, en la primera, han quedado ahí trapazadas de bulto y, en la segunda, las abominaciones no han quedado completamente conjuradas. A partir del 4 de septiembre, habrá que volver a batallar contra una propuesta de la $GAE y compañía que intenta (nuevamente) establecer la censura privada en red. Ni siquiera la reacción claramente adversa del conjunto de la sociedad contra la censura ejercida por un juez (y eso que es la única admisible) que se ha visto muy recientemente con el caso «El Jueves» puede hacer que nos confiemos en este tema que, como ya anuncié, acabará siendo como lo de las patentes de software en Europa, el cuento de nunca acabar, y a ver si no tendremos que acabar haciendo en serio aquello que anuncié como una broma: vigilar las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, no vaya ser que nos metan por ahí la censura en Internet (que puede hacerse, ojo).

Mientras tanto, el canon, que debió ponerse en marcha por mano gubernamental en el mes de febrero, a falta de acuerdo -como era previsible- entre los sectores implicados (sólo parte de los sectores implicados, en lo que al bando cívico respecta), sigue ahí colgando y nosotros con estos pelos. Si hace seis meses se sospechó que iban a dejar pasar las elecciones municipales y autonómicas para afrontar esa medida polémica, luego se pensó que podrían dejar pasar incluso el verano para, a su vez, saltarse las generales, que iban a ser para el Pilar o para Todos los Santos. Pero la ruptura de la tregua etarra ha cambiado los planteamientos y ahora parece que la legislatura se alargará casi hasta el último día, hasta el mismísimo límite legal.

¿Qué va a ocurrir, mientras tanto? ¿Cumplirá el canon el año de «cuelgue» a la espera de las elecciones que (parece) van a ser al borde mismo de la primavera? ¿Van a tener la jeta de ir dándole puntapiés adelante a la cosa para no comerse el marrón antes de las elecciones generales? El 1.300.000 los tiene muy asustados y, por primera vez, le han visto bien largas las orejas al lobo. Si se las hubieran visto antes de la marranada de la LPI, se hubieran ahorrado muchos insomnios.

Mientras tanto, la sociedad civil debe evitar que lleguen las elecciones y el asunto del canon esté sin zanjar. Urge moverse porque no hace falta ser profeta bíblico para saber lo que ocurrirá como el montante del canon lo decida un Gobierno con cuatro años por delante, da igual de qué color sea: si en el PSOE hubo una Calvo (y sigue estando ahí y, además, la Chacón), en el PP está la Salmones, que déjala correr. Todos sabemos que sea cual sea la mayoría, sea cual sea la combinación de fuerzas, no hay fuerza política de la que nos podamos fiar, ni sola ni en compañía de otros. Sin la posición de fuerza que nos da la proximidad de unas elecciones, estamos perdidos.

Hay que tener en cuenta, además, que este primer decreto sobre canon es esencial porque, de hecho, determinará todos los demás, será la base sobre la que, dentro de dos años (y sucesivamente), los interesados (con una parte coja) habrán de negociar y será, pues, la que, sin grandes modificaciones, volverá a ser aprobada por decreto si no hay acuerdo (que, en no variando muchísimo las cosas, seguirá sin haber).

El objetivo de que el canon se fije antes de las elecciones es esencial si queremos que establezca cantidades soportables. Soportables, que no asumibles. Porque la lucha contra el canon no terminará mientras éste exista, sea cual sea su importe. Pero en éste nos va la competitividad (ergo, la viabilidad) de muchísimos sectores industriales y comerciales.

Hay que apretar fuerte y deprisa.

Aunque lo imagino similar al español por obvias razones históricas (aunque cabe no excluir que puedan inducir a error al respecto), no conozco en absoluto el derecho chileno y, por tanto, no puedo calibrar en toda su extensión y detalle el alcance del famoso contrato entre el Gobierno de Chile y Micro$oft, el monopolio informático que va a serlo aún más en el cono sur.

Tampoco sé hasta qué punto tengo yo derecho moral a opinar sobre lo que hace o deja de hacer el Gobierno de Chile, aunque sí tengo el derecho sustantivo, porque la libertad de expresión es un bien universal y Chile suscribió el instrumento jurídico que la sustenta, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Hechas todas estas salvedades, no puedo menos que incorporarme a la ingente multitud de voces que desde Chile y desde fuera de Chile, claman, se rasgan las vestiduras y se mesan las barbas ante la nueva atrocidad del monopolio.

Micro$oft está empezando a ser materialmente peligroso. Ya no hablo en términos de peligro para el progreso, para la independencia tecnológica, para la libre difusión del conocimiento… Todo eso, por supuesto. Pero Micro$oft está pasando a ser un riesgo -o algo mucho más grave que un simple riesgo- para la seguridad de las personas, para su seguridad integral, material. Todos sus movimientos apuntan a la superación de la toma de clientes como rehenes, empresarialmente, como si dijésemos, para ir ya redonda y directamente (y no ha sido éste un movimiento propiamente inaugural de esa nueva proyección) a la toma como rehenes de ciudadanos, de personas miembros de una sociedad articulada en forma de Estado reconocido por la comunidad internacional. Ni más, ni menos.

Chile es el estado más desarrollado de Iberoamérica, con parámetros que, en Europa, lo harían con casi toda seguridad candidato firme al ingreso en la Unión. En consecuencia, el Gobierno chileno se ha visto en la necesidad de preparar la digitalización de sus estructuras públicas -las administrativas, las escolares y las académicas- y en la necesidad también de planificar sus sistemas de apoyo y promoción para la digitalización del mundo empresarial y de la sociedad civil. Aparentemente, el Gobierno chileno renunciaría a toda la planificación que ello representa y decide (¡un gobierno socialista!) privatizar todo el proyecto para ponerlo en manos de una sola empresa: Micro$oft.

Es, desde cualquier punto de vista, increíble.

Empieza por ser increíble la idea misma, porque, si yo la he captado bien, lo que el Gobierno de Chile entrega a Micro$oft no es la gestión de un proyecto sino el proyecto mismo. O sea, que el Gobierno de Chile confía a Micro$oft no la prestación de unos servicios públicos (algo habitual en un Estado moderno, de lo que serían discutibles, en todo caso, solamente sus matices y sus formas) sino la entera política en la materia. Es decir, que el Gobierno de Chile estaría cediendo contractualmente parte de la soberanía nacional a una empresa privada extranjera. Si extrapoláramos esta circunstancia a la defensa nacional, para poner un ejemplo ilustrativo, nos encontraríamos con que el Gobierno de Chile está contratando mercenarios no para ayudar a llevar adelante una guerra atascada (cosa que, a lo largo de la Historia todas las naciones han hecho, y más de una vez) sino para hacerse cargo de la política de defensa: qué armamento se compra y a quién, cuáles serán los efectivos del Ejército, el modelo de reclutamiento (forzoso o profesional), cuál sería el plan estratégico nacional, e incluso la designación de países posibles como aliados y de países de los que habría que recelar una agresión (o que podrían ser agredidos por las fuerzas propias, de ser conveniente). Inaudito, ¿verdad? Bueno, pues en material digital es exactamente lo que el Gobierno de Chile acaba de hacer.

Fijarse, por ejemplo en los acuerdos «e) Escuelas Conectadas» que reproduzco íntegra literalmente:

e.1.- Microsoft se compromete a implementar una solución tecnológica que permita Optimizar la vida Útil de la infraestructura tecnológica instalada en el sistema escolar público, planificar los requerimientos de las redes escolares y desarrollar sistemas de soporte que permitan a profesores y alumnos incrementar el tiempo de uso pedagógico de estos recursos.

e.2.- Microsoft se compromete a aportar la solución tecnológica y el desarrollo del modelo que permitan la masificación de este recurso.

e.3.- El Ministerio de Economía se compromete a coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación de estos recursos tecnológicos en el sistema escolar.

Micro$oft se compromete a aportar la solución tecnológica y el desarrollo del modelo. Y el Ministerio de Economía coordinará con el de Educación la incoporación de los recursos en el sistema escolar, es decir, en buen castellano, el pago de la factura. Eso es lo que le gusta al monopolio: yo hago lo que me da la gana en el chiringuito, y tú a pagar y a callar.

Los acuerdos «g) Pequeña empresa en el siglo XXI» también hay que verlos:

g.1.- Microsoft compromete la coordinación de alianzas con actores del mercado, incluido el retail, para facilitar el acceso y la adopción de herramientas de negocios que mejoren las capacidades de gestión de las MIPYMES chilenas mediante la incorporación de un PC y software de gestión especialmente diseñado para dicha

g.2.- Para estos efectos, Microsoft se compromete a poner a disposición una oferta que incluirá El sistema operativo Windows Vista Home o Business Edition. Así como las siguientes herramientas de Productividad MS Works 8.5: abre y edita .doc y .xls; Viewer de .ppt; Incluye SW de proyectos, manejo de contactos, agenda, correo, Tareas, Synch C/ Windows Mobile & Palm OS; Software de Memory Magus y software financiero contable para el manejo de facturación, stock, contabilidad y manejo de clientes.

g.3.- El Ministerio de Economía se compromete a coordinar con la Dirección de Contratación Publica la difusión de esta oferta a objeto de establecer las acciones concretas tendientes a que sea recibida adecuadamente por las pequeñas y medianas empresas.

g.4.- El compromiso de Microsoft en esta materia representa alrededor de US$ 5.000.000 en los próximos 3 años, por Cuanto este aporte es equivalente al ahorro estimado que las pequeñas y medianas empresas tendrán al adquirir esta Solución

Al loro con el fastuoso ofertón de Micro$oft: primero el paquete en oferta que, atentos, incluye como único valor real el sistema operativo (hasta donde pueda decirse que Window$ significa valor alguno) y todo lo demás es escoria, incluso para el tono general de los productos de la familia Micro$oft: lectores (solamente lectores) de formatos doc, xls y ppt, un para nada descrito «software de proyectos, manejo de contactos, agenda, correo, tareas, sincronización con Window$ Mobile y con Palm OS», o sea, el vulgar, común, corriente y agujereadísimo Outlook; y «software financiero contable para el manejo de facturación, stock, contabilidad y manejo de clientes» que parece que consista en un ERP, pero que me juego algo y no lo pierdo a que no es un ERP, al menos en el sentido decente de lo que se entiende por ERP (que puede valer una pasta). Si quieres el paquete ofimático M$ Office (único posible, por otra parte, en el contexto de este acuerdo), amigo, eso ya hay que pagarlo aparte. Y en ninguna parte del acuerdo se tasa el precio de M$ Office, vaya por Dios.

El Ministerio de Economía (acojonante el g.3) se encargará de comercializarle el invento a Micro$oft promoviéndolo entre los clientes target.

Y la tasación del «ofertón», que llevará implícitos, faltaría más, los beneficios fiscales correspondientes: nada menos que cinco millones de dólares en tres años. Yo creí que ya no estaba de moda ofrecer canicas de cristal a los indiecitos a cambio de sus brazaletes de oro, pero veo que, en Chile, Micro$oft sigue cerrando pingües tratos a la vieja usanza colombina.

Pero es que, además, ya no sólo es la entrega de la política misma sino la dependencia total y absoluta de los ciudadanos de los sistemas de Micro$oft. Entendámonos bien: no sólo del software (que ya sería excesivo) sino también de las propias infraestructuras:

b) Domicilio Digital

b.1.- Creación conjunta de un “espacio” donde los ciudadanos tengan acceso a toda la información, notificaciones e interacción relevante con instituciones públicas. El ciudadano no busca la información, la información sigue al ciudadano.

b.2.- Microsoft se compromete a proveer la plataforma Live (Mail, Messenger, Spaces y Mobile) para proveer los servicios de correo, comunicación instantánea, blogs y acceso a los mismos desde los celulares respectivamente, para 15 millones de usuarios en forma gratuita. Microsoft se compromete a asumir los costos de operación y administración de la infraestructura asociada.

Lo anterior comprende, además de los productos antes mencionados, lo siguiente:

* Domains@live: el gobierno podré manejar su propio dominio para las cuentas de correo y mensajerías en un formato del tipo ciudadano@xxxxx.cl

* La aplicación incluyen ente otros: correo, tareas, to do, blogs, alertas, calendario

* Hosting gratuito de las aplicaciones.

* 2 gigabytes de almacenamiento por Ciudadanos soporte premier 7×24 on line para los administradores de las cuentas de correo.

* interfaces automáticas para la carga y creación de cuentas de ciudadanos.

* Acceso vía celular en modalidad WAP y Windows Mobile

La información y datos recibidos a través de esta plataforma sólo podrán tener el uso y destino específico para el cual expresamente consientan los usuarios de dicha plataforma.

Bueno, aparte de que me caigo de risa cuando leo este último párrafo, esto acaba ya de poner en manos de Micro$oft a la entera ciudadanía chilena: sus datos personales y el historial de sus comunicaciones. Pero, sobre todo, su dependencia a divinis de Micro$oft. Imaginémonos por un momento que consigue acceder al Palacio de la Moneda un Gobierno verdaderamente atento a las necesidades de los ciudadanos y a la independencia tecnológica (y de la otra) de su nación: lo iba a tener crudo. Micro$oft tendría la presa bien agarrada y no iba a facilitar, en absoluto, una migración a terceros; por otro lado, ese Gobierno, por clara que tuviera la necesidad de huir del monopolio, no podría hacerlo sin exponer a todo el país a un inconcebible apagón digital.

Y eso no es todo. Es -posiblemente, no seguramente- lo más gordo, pero hay más cosas. El lector interesado puede ver el texto íntegro del acuerdo; no es muy largo y la incredulidad creciente que se experimenta a medida que se lee aumenta exponencialmente su interés según se avanza.

Espero que la sociedad civil chilena, que forma parte sustancial de la condición de su país como nación más avanzada de Iberoamérica, logre detener esta abominación y propinar un severo castigo político a los corruptos que han pergeñado lo que yo no vacilaría en calificar, redondamente, de traición.

Y los demás habitantes del orbe occidental (y del otro) ya tenemos una muestra de hasta dónde es capaz de llegar, y hasta de adivinar sin que sea conspiranoia alguna, hasta dónde pretende llegar el monopolio. Debemos organizarnos aún más y aún mejor; debemos ejercer todavía más fuerza para evitar que se reproduzcan abominaciones como la que se cierne sobre Chile.

Y, desde luego, sepan los chilenos que, en todo el orbe, las gentes del conocimiento libre estamos firmemente a su lado y que consideramos que su lucha es la nuestra, porque el enemigo es común.

Con un fuerte abrazo para ellos.

Ja, ja, ja, qué bonito, qué genial y qué maravilla…

Bueno, pues por fin una Audiencia Provincial, la de Madrid, en este caso, le ha dado la bendición al copyleft y ha desgajado este tipo de licencias de la obligación de pago del diezmo a la $GAE. Pueden verse algunos importantes detalles, a la espera de la pronta publicación de la sentencia completa, en la página de Javier de la Cueva.

Lo más bonito, lo más prestoso, lo más encantador, sin embargo, no es el contenido de la sentencia -con todo y su notoria importancia, que no se le oculte a nadie- sino la enorme e inesperada (por su parte) contrariedad de la $GAE en el hecho de que siempre había intentado evitar que se llegara hasta ahí. Lo he comentado alguna vez en todo lo largo y ancho de esta bitácora: la $GAE pone mucho cuidado en tragarse las sentencias contrarias en primera instancia cuando éstas contienen conceptos peligrosos (el copyleft es el mayor de ellos, más aún que el canon en sí mismo, conceptualmente) para evitar que los mismos razonamientos de un juececito pequeño lleguen a sentar doctrina en una Audiencia Provincial. La razón es que, aunque las sentencias en Audiencia Provincial no crean jurisprudencia vinculante fuera de su ámbito geográfico jurisdiccional, siempre son una referencia de peso que se considera con sumo cuidado por aquello de la unidad de doctrina que, en caso de haber conflicto, tendría que dilucidar el Supremo y ojo que ese sí que pone firmes a todo lo que vista toga.

El caso -tengo que ponerme un cinturón de seguridad en esta silla para no caerme al suelo de la risa, que un día me romperé algo- es que la $GAE -sus geniales abogados, que, aunque no se diga ni se sepa, no paran de perder pleitos, cracks jurídicos, los tíos- es que la sentencia en primera instancia del caso Buena Vistilla Club Social, que es del que estamos hablando, contraria a la $GAE, no mencionaba la funesta palabra: copyleft. Y por eso nuestros héroes, fieles a la doctrina del terror procesal, se apresuraron a recurrir. Y para, descojono del mundo libre, la Audiencia Provincial de Madrid les ha refregado el copyleft en las mismísimas narices. Ahora sí que tienen un problema de verdad.

Tienen un problema jurídico, por supuesto, por lo que ya está dicho. Pero, derivado de ese problema jurídico, tienen un problema fáctico: el copyleft puede privarles del control; a ellos y al gremio del Guisasola. Ya puede la LPI darles prebendas y canongías, pero el copyleft es el agujero no previsto (o, cuidado con los optimismos, el agujero no perfectamente previsto) en esa mierda de Ley.

Lo primero que se le ocurrirá al lector impulsivo es que esa sentencia -debidamente escoltada por unas cuantas, ya firmes, en primera instancia, que pasan ahora a cobrar un valor creciente- puede inducir a toda la hostelería a buscar, obtener, programar y, sobre todo, descubrir en su importantísimo valor, la música libre. Oye macho, que si utilizas música copyleft te ahorras una pasta tremenda y te quitas de encima a esos pelmazos. Y es verdad, ese podría ser un efecto inmediato y apreciable.

Pero el problema de fondo, el de verdad, el que puede llevar a la puta miseria al tinglado de ese gremio, es uno de los infinitivos que he usado: descubrir. ¿Qué ocurre si empezando por la hostelería, continuando por ciertos otros centros de ocio, siguiendo por emisoras de radio -hertzianas o en red- y terminando (si es que la cosa tiene un fin) en el propio usuario particular, se descubre la mina de enorme calidad e ingente cantidad que hay en el copyleft? ¿Qué ocurre si «los principales» pasan a ser de cuarenta a cuatro mil y, por tanto, ingobernables e inplusvaluables? ¿Qué ocurre si los guisasolas y los teddys pierden no sólo el negocio en efectivo (cánones, precios desbarrados, abusos diversos, etc.) sino también, y sobre todo, el control de lo que se consume? ¿Qué pasa si la música pasa a ser una profesión de la que come decentemente mucha gente -que, además, va por libre- pero que ya no genera ni millones ni millonarios? ¿Que sucede si, en definitiva, se termina la escasez artificialmente provocada de algo de enorme calidad humana que los de siempre convirtieron en una vil y asquerosa mercancía?

Pues eso, a lo tonto y a lo bobo, es lo que puede provocar, o siquiera empezar a provocar, la Audiencia Provincial de Madrid. Y cuando pienso en el mal trago de los teddys y de los guisasolas, me viene, cortadísima y agria, pero gozosa, la mala leche de Valle Inclán: yo, señores, me recreo en su contrariedad.

Amén.

Llevaba yo días queriendo hablar del elemento este, pero las cosas serias (el apagón barcelonés y las maquinaciones de Micro$oft, entre otros luctuosos acontecimientos) me han tenido la bitácora ocupada.

Hace unos días se celebró la peculiar «fiesta de la democracia» en la $GAE. Digo peculiar porque, como es sabido, de los 88.000 socios que dicen que son, sólo votan, creo recordar, unos 4.000. Y sigo diciendo peculiar porque, encima, estos 4.000 no siguen el principio «un hombre, un voto» sino que hay hombres de un voto, pero también de dos, de tres y de cuatro. No sé si llegan a cinco.

De esta pintoresca interpretación del artículo 52 de la no sé si vigente Constitución (porque es notorio como cada cual hace impunemente mangas y capirotes con sus preceptos) resultó galardonado con la presidencia de la $GAE un tal José Luis Borau, director de cine (de cine español, por supuesto, de ese que es obligatorio pese a que no vende una escoba).

En principio no sentí ningún interés por el asunto, dejando aparte la palmaria inconstitucionalidad del tinglado de estos tíos que tienen en este país su territorio enfeudado en el que hacen lo que les da la gana sin que la administración real (real de Rey, de esa que se cabrea por la portada de una revista de humor) haga nada por evitarlo sino, al contrario, dedicarse a darle en las espaldas palmaditas de complicidad. Y digo que no sentí ningún interés por el asunto porque la presidencia de la $GAE es una mera cuestión de figuroneo, de hacer el piernas por ahí sin otra función ni utilidad, porque el bacalao se corta verdaderamente en lo que llaman «Consejo de dirección», sempiternamente presidido por el inefable Teddy sin que nadie sepa muy bien quién y cómo se elige, nombra o señala ese «Consejo de dirección» y su presidente que, en todo caso, huelen a plutocracia interna que se las pelan pero, en fin, allá los 88.000, si tanto les gusta tragar…

Pero luego resultó que toda la maquinaria afecta a la cosa se puso en marcha y se lanzó el botafumeiro a beneficio del gran triunfador, un cuasi octogenario cuyo puesto se supone que debería estar en casa, con las pantuflas puestas y tomando calditos. Deduzco que el asunto, en el fondo, debe ser una cuestión de caridad o cosa parecida. Oye, mira, que al Pepe Luís la pensión no le llega y tendríamos que buscarle algo apañadito para que fuera tirando, más que nada para que no tenga el pobre que sufrir en su dignidad viendo cómo le pagamos el recibo del geriátrico. Y, bueno, ahí lo tienes.

Total, que va «El País» y le cepilla suavemente con una seráfica entrevista. Ahí, el tal Borau tuvo una estupenda oportunidad para fardar de bonhomía y de distanciamiento de las cosas de este mundo, para autocolocarse en un lugar como por encima del bien y del mal, sin cabrear a nadie, ni tirio ni troyano, y explicándonos, por ejemplo, cuán redondo era el culo de Celia Gámez o de cualquier otra vieja gloria que, a tal efecto, él pudiera haber conocido. En vez de eso, se mete en camisa de once varas (y ya en las mismas, mete la pata) y se gana el apelativo adecuado para su peculiar papado: Pepe Luis I «El Chelines».

Si porque en cuanto le preguntan por cosas como la piratería y el canon, el tío se lanza a contestar lo que dice el libro y ahí se le afloja el esfínter y, consecuentemente, la caga. No tiene en cuenta (¿o sí la tiene?) que, según está el patio, con el Gobierno acojonado con más de 1.300.000 firmas sobre la mesa (y subiendo) arrepintiéndose muchísimo de haber tragado con la Ley de Propiedad Intelectual redactada al dictado de la $GAE, y con las fuerzas vivas de la sociedad cada vez más encabronadas con este tema, hay que ir sobre él como pisando huevos crudos y no soltar una vieja parida que hasta el Teddy ha metido en el congelador: «[…] El canon son unos céntimos miserables». Bueno, pues el vejete va y la suelta. Se ve que no ha comprado las últimas ediciones del manual. Y, consecuentemente, de pasar desapercibido -como consiguió hacer su antecesora, la Diosdado, boquita cerrada y hablar, lo justo- a ingresar en la fama digital por la puerta grande de la pitada en red.

Porque… ¿quién es ese José Luis Borau? Tiene una entrada en la Wikipedia, pero parecería que la ha escrito su abuelita. En realidad es un tío mediocre y obviable al que no han dado un solo premio -según la propia abuela- fuera de España; normal, si tenemos en cuenta que destacó por dos tipos de cosas: por hacer spaghetti western (arte sublime y de altísima calidad, como es notorio) y por hacer una película de la que la abuelita dice que «se considera como uno de los mejores ejemplos del último cine franquista». Si esto es un piropo, la abuela ya está bastante gagá.

La película de la que estamos hablando la abuelita y yo es «Furtivos» y, efectivamente, la cosa alcanzó notoriedad pero por otra razón: en el guión de la película, se mataba a un perro; nuestro héroe, siempre tan puntillista, hizo que, a tal efecto, se matase de verdad a un perro (a palos, a cargo de la ya hace años fallecida actriz Lola Gaos). Se desató un escándalo cívico enorme porque ya en aquellos tiempos (1975) el españolito urbano estaba bastante sensibilizado con el asunto de los animalitos gracias a la ingente labor televisiva del malogrado Félix Rodríguez de la Fuente. A partir de ahí se intentaron salvar los muebles diciendo que al perro se le había narcotizado previamente (acción que posiblemente inspirara lo que, andando el tiempo, iba a constituir una eficaz técnica en la caza del oso) y que no había para tanto. Pero la gente no tragó con el cuento y Lola Gaos -una excelente actriz pero espantosamente fea a la que siempre correspondieron papeles antipatiquísimos- pagó el pato como ejecutora material de la trapazada y allí se acabó su carrera que nunca fue, de todos modos, brillante. Y a Borau, simplemente, se le olvidó, como se olvida a la inmensa mayoría de directores españoles de cine, cosa que, lejos de constituir un baldón para el público hispano, constituye un acto de caridad cristiana de los de hacer derramar lágrimas al mismísimo Radovan Karadzic.

Últimamente, parece que nuestro pequeño gran hombre dirigió algunos capítulos de una serie televisiva llamada «Celia», allá a principios de los noventa. Yo no recuerdo haberla visto. ¿Y vosotros? ¿Tampoco? Ya es raro porque, según la abuela, «la serie tuvo éxito de público en la televisión española» [sic]. ¡Qué injusta es la vida! El «Verano azul» de Mercero -que nunca fue vista por más allá de dos o tres cinéfilos intelectualoides- la repusieron año tras año hasta la náusea; y de un éxito rotundo, como la «Celia» de Borau, nunca más se supo, como el finado Fernández.

Esta es la triste biografía de «El Chelines», el hombre de los céntimos miserables, el hombre premiado, quizá alimenticiamente, con la presidencia de figurón de una entidad en la que sólo vota el cinco por ciento de su masa social (mayoritariamente obligada a su adscripción en el tinglado si quiere ver «un céntimo miserable» de su obra).

Sí, es un final adecuado.

De gloria -más bien de mierda- se ha cubierto la Unión Europea con el asunto de las enfermeras búlgaras (y el médico palestino con esa nacionalidad europea adquirida) tomadas como rehenes por ese elemento… ¿cómo lo calificaría? ¿Patético? En todo caso, quod erat demostrandum aún peligroso, porque no debemos olvidar que Gaddafi es un terrorista convicto cuya participación en la brutalidad de Lockerbie quedó judicialmente demostrada. Los norteamericanos supieron cómo tratarlo y, en un par de ocasiones, cuando se puso especialmente burro, los cazabombarderos yanquis le sacudieron la badana a ese bárbaro; sobre todo la segunda vez, en que parece que la incursión costó la vida a algún miembro de la familia de ese bárbaro y eso lo apaciguó casi definitivamente, al punto de desaparecer de un panorama internacional que había protagonizado en los años 70 y 80 con modos intolerables.

Bien, pues de esta forma es como se debe tratar a un elemento así, es triste decirlo -y más aún, hacerlo y que paguen inocentes- pero llega un momento en que, cuando su propio ego les oculta la realidad y les lleva a una peligrosa demencia, esta clase de cafres no entiende otro lenguaje. Mira, si no, a los serbios: cuatro o cinco días de ataques aéreos a Belgrado, todas sus infraestructuras hechas polvo y ya ves lo que duró en el poder la mala bestia de Milosevic, actualmente formando parte del ciclo del nitrógeno, para alivio de toda la Humanidad. Comprendieron a toda leche.

Con lo de las enfermeras búlgaras se ha cometido un error brutal y estúpido que puede costar la vida a muchos europeos desperdigados por países dudosos en los que no están haciendo, precisamente, turismo. Esas mujeres (y el palestino) fueron simple y llanamente tomadas como rehenes para liberarlas a cambio de un rescate, a la vieja usanza. Y en vez de estrenar encima de ese capullo los flamantes Eurofighter que tenemos no sé cuántas naciones europeas y que salga el sol por Antequera, pues no: Barroso -vaya mengano triste y lamentable, déjalo correr- le regala un milloncito de euros por presunta víctima (ahora hablaremos de las víctimas) y Bulgaria condona a Libia la deuda pendiente. Vergonzoso, no cabe otra palabra.

Lo de haber pringado el sida a cuatrocientos no sé cuántos libios, no se sostiene. Ese era el pretexto que necesitaba ese animal; ni se sostiene la sucesión de juicios manipulados a que fueron sometidas esas pobres mujeres. En aquel país no gozan, precisamente, de democracia, ni siquiera de un sucedáneo ridículo como es la nuestra; no me creo ni por un momento la independencia de sus jueces. Tampoco veo por qué esas mujeres iban a hacer lo que se dice que hicieron (infectar de SIDA, de manera premeditada, a cuatrocientas y pico personas, niños, creo) ni qué podían ganar con ello.

Me parece alucinante, monstruosa y excesiva, por otra parte, la indemnización de un millón de euros por cada presunto afectado, indemnización inconcebible incluso en países desarrollados (absoluta y taxativamente impensable en España, pero incluso me pregunto si sería posible en los mismísimos Estados Unidos, donde los jueces tienen una mano muy suelta a la hora de imponer indemnizaciones), cantidad que resulta exponencialmente incrementada por lo que debe suponer su valor adquisitivo en Libia, que fácilmente decuplicará el de aquí. Pero, de todos modos, es hablar por hablar: los tales y presuntos afectados verán, a lo sumo, algo de calderilla; la práctica totalidad de los más de cuatrocientos millones de euros (que, con el pico, representarán fácilmente más de setenta mil millones de las viejas) irán a las arcas del sátrapa, con algunas escasas resultas para sus más bravos subalternos. La pasta ya está, a estas horas, en las Caimán, juégate lo que quieras.

No se puede ceder a las exigencias de un chantaje terrorista, eso es doctrina consolidadísima en todo occidente (que se lo pregunten, si no, a la familia de Miguel Ángel Blanco) y Barroso ha cedido en un acto de eurogilipollez absolutamente inconcebible y bendecido, por cierto, por el pleno de la familia Sarkozy que ha ido ahí a mojar pan en vete a saber qué salsa.

Que no nos pase nada.

——————–

Otra cosa que tiene guasa, en otro orden de cosas, es esto del escándalo por los colocones que pillan los calzoncilleros a pedales y su final público y notorio, con gendarmes, jueces y toda la pesca, como si fuera de verdad algo grave. Ya se sabe: mens sana in corpore insepulto. Las virtudes morales de eso que llaman deporte y sus profundos valores educativos para la juventud y la infancia. Por mucho menos que eso te daban en la antigua Atenas un chute de cicuta, y si no, que le pregunten a Sócrates.

Es algo que nunca entenderé y creo que ya hablé una vez de esto. Dando por sentado -como no puede ser de otra forma- que eso no es un deporte ni cosa parecida sino un simple espectáculo, no entiendo qué tiene de malo que se metan en el cuerpo lo que les dé la gana, siempre que no se trate de cosas prohibidas al común de los ciudadanos. Si se quieren arrear un buen trancazo de esteroides, pues adelante, hombre… ¿qué hay de malo en ello? ¿Que es perjudicial? ¿Que se morirán jóvenes y hechos una mierda? Bueno, ya los enterraremos. Se supone que son mayorcitos, que saben lo que se pescan y que no lo hacen obligados (en el sentido material de la pistola en el pecho: en el otro, siempre pueden dejar el calzoncillo y ponerse a trabajar como el común de los mortales). Pues ¿qué más queremos? Así dan más espectáculo y la cosa es más prestosa. Y a los niños y jóvenes podemos educarlos los que estamos moral, jurídica y cívicamente obligados a ello, en realidad: sus padres. ¿Ves hijo mío? Esos que corren en moto arrean que se las pelan a riesgo de romperse el cuello; esos que corren en un fórmula 1 se arriesgan a darse una leche y quemarse vivos dentro del bólido; y esos que suben al Turmalet lengua al viento y con un cuarto de kilo de anfetaminas, se arriesgan a quedarse tiesos de un derrame cerebral o de un infarto… ¡Qué emocionante! Por eso, hijo mío, ve con ojo cuando conduzcas tu motito, vigila con quién te subes a un coche y no andes por ahí metiéndote porquerías en el cuerpo.

Ya lo decía aquel calzoncillero de la pelota, Maradona, otro ejemplo edificante para la juventud: si te ofrecen droga, sencillamente di «no». Y así no acabarás como él, que, encima, está arruinado (y mira que llegó a tener pasta, el tío).

Drogadicto y pringado. ¡Toma educación y ejemplo del deporte!

——————–

Vaya, parece que al juez Fernando Ferrín Calamita (por mal apellido), le van a buscar la cosquillas disciplinarias. Su última hazaña ha consistido en denegarle a una madre la custodia de su hija (de su hija propia, carnal) por su orientación sexual lesbiana que, por cierto, tampoco he leído en ninguna parte que ella haya reconocido: es una acusación del ex-marido que el juez ha dado por buena. Bien, también es posible que ella sí lo haya reconocido y yo no haya llegado a saberlo, da igual, no es importante para el caso.

Hace muchos años, hace tantos como veinte, don Fernando salió también en los periódicos con ocasión de haber hecho detener a dos mozas que hacían top less en una playa y que se negaron a taparse las prominencias pese a haber exhibido el juez su credencial como tal (lo que no exhibió nuestro héroe, y así se lo comunicaron las chicas en cuestión, es la norma jurídica que supuestamente prohibía la pública ventilación mamaria).

O sea que don Fernando es de mucho cuidado en cuestiones de moral pública y privada.

El problema es que don Fernando es, precisamente, juez -como queda dicho- y no arzobispo. Lo digo porque, si fuera arzobispo, estaría más en su lugar tratando y glosando temas de moralidad, con el inherente e importante detalle adicional de que dichas disquisiciones, una vez difunto Paco El Invicto y con la Guardia Civil dedicada a cosas útiles, no tendrían la menor fuerza ejecutiva. Después de todo, ahí tenemos a la Conferencia Episcopal soltando paridas a razón de no sé cuántas por semana y aquí estamos todos, más o menos indiferentes, más o menos cabreados, pero tan panchos, viviendo diez minutos después de cada parida igual de bien o igual de mal que diez minutos antes de que la suelten.

El abuso de poder de los jueces es un problema, quizá no extendido pero sí lo suficientemente frecuente como para que sea grave. No sé qué clase de psicología intervendrá ahí pero, el caso es que a más de uno, cuando le dan el papelito que le permite añadirles puñetas a las mangas de la toga y le asignan un juzgado, parece ni más ni menos que esté tomando posesión de un cortijo, que esté tomando el mando omnímodo e incontestable de una galera del siglo XVI.

Es un problema grave toda vez que el poder que tienen los jueces -que es inmenso- es, por otra parte, necesario: no se puede someter a tasa sus atribuciones. Además, ¿quién habría de fiscalizarlas? Como mínimo otro juez, y eso ya existe: se llama «recurso». Esto obliga a un importantísimo ejercicio de autodisciplina y de autorresponsabilidad por parte del juez y, afortunadamente, se da, en general. Los casos como el de don Fernando, por más que escandalosos, son excepcionales.

Hay, no obstante, otro tipo de juez, también amo del cortijo, quizá un pelín menos peligroso (porque en definitiva y en sustancia, aplica estrictamente el derecho… aunque como a él le da la gana) que se dedica a imponer su propia ley procesal. Deniega pruebas porque, sencillamente, le jode practicarlas (las da por practicadas, por sabidas: esto sí, esto no…) y llega al extremo de hacer callar a un letrado simplemente porque no quiere oírle, porque ya ha tomado una decisión sin tomarse el trabajo de oir a ambas partes, con aguantar a una es ya suficiente (eso lo he visto yo, no me lo ha explicado nadie).

Y después está quien, como don Fernando, cree que ese cortijo que le han regalado es una mezquita y él el imán que imparte doctrina, así que no hace justicia sino que aplica -y aún así a su muy particular modo- las leyes de su dios, de manera que el papel de la Administración de Justicia, en vez de contener hechos probados y fundamentos de derecho le sirve, a modo de «Hoja Dominical» para la prédica -improcedente, además de frecuentemente demente- del orden natural de las cosas… por supuesto, en su particular visión de la naturaleza de las cosas.

Dice la noticia que a don Fernando le van a picar la cresta porque el servicio de Inspección del Poder Judicial considera que el juez de Murcia «ha incluido en su auto expresiones ofensivas e irrespetuosas, que resultan improcedentes y quebrantan la confianza social en los tribunales, algo inexcusable en una sociedad democrática». Y también dice la noticia, por cierto, que tiene otros tres expedientes abiertos, presumiblemente por similares trapazadas.

Bien estará que le sacudan la badana al don Fernando de nuestros dolores, pero no estará tampoco de más que los organismos de inspección, control -o como quiera que se llamen- del Poder Judicial anden por ahí olfateando por los diversos cortijos judiciales que hay en este país y que pongan al colectivo en solfa disciplinaria. Porque la única manera de controlar los abusos de poder, los grandes y los pequeños, los notorios y los agazapados en el día-a-día, cuando no se puede suprimir o atenuar ese poder, es someter al colectivo a una severísima disciplina que no permita desviaciones de medio milímetro.

——————–

Y con esta paella ya cerrada anoche, y repasándola para subirla, me entero de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desactivado cautelarmente el núcleo del decreto de magufos de la Generalitat, eufemísticamente llamado «de terapias naturales», con lo que la salud pública ya no corre peligro por este lado. Al menos de momento, a la espera de la resolución definitiva del conflicto que han de resolver los jueces.

Es una lástima, no obstante, que la decisión judicial no proceda del hecho intrínseco de bendecir oficialmente toda la comedia infecta de tratamientos de esos farsantes sino de un conflicto de competencias entre el Ministerio de Sanidad y la Generalitat de Catalunya; lo bonito sería que las mal llamadas «medicinas alternativas» (mal llamadas porque ni son Medicina ni constituyen alternativa alguna a nada) fueran cuestionadas per se y no por el peregrino hecho de si deben regularse desde la plaza de Sant Jaume o desde Madrid.

Pero, en fin, el resultado justifica la causa y, en su virtud, celebraré con entusiasmo que el Tribunal Superior catalán otorgue la competencia exclusiva en la materia al Gobierno del Estado, visto que en el de la Generalitat se utilizan algunas [presuntas] competencias para que los del buen rollito pongan en un boletín oficial sus estupideces. Y siempre que el Gobierno del Estado tome el tema y lo arroje a la cloaca más infecta que encuentre en Madrid.

Lo único que procede legislar cuando los timos magufos afectan a la salud pública, poniéndola con ello en peligro, es su prohibición taxativa. Una cosa es pasar el rato con las tonterías que suelta Iker Jiménez en no se qué cadena del váter, ay, no, perdón, televisiva, y otra muy distinta es jugar con la salud de la gente.

Porque incluso los ignorantes y los supersticiosos tienen derecho a que se proteja su salud. Y, sobre todo, de forma absolutamente irrenunciable, la de los menores a su cargo.

——————–

Última paella, pues, de julio, de un julio aciago para Barcelona, gracias al maravilloso servicio de ENDESA y de Red Eléctrica Española. Si la incompetencia proyectara sobre la imagen de las personas los mismos efectos que en el retrato de Dorian Gray, viendo la cara de Atienza quedaría todo perfectamente explicado. El hombre del pimiento felipista ha sido reconvertido en el del kilowatio zapaterista, pero como si lo hacen proctólogo, porque su aparente especialidad es la de conseguir que todo funcione como el culo. Y ahí sigue, el tío, sin dimitir ni nada…

La próxima paella será ya agostina, en su día 2, festividad de la virgen de los Ángeles (felicidades a las María de los ídem) y dentro de los gozosos primeros días de vacaciones para mucha gente, siempre que no los pase tirada en un aeropuerto secuestrada por la negligencia infame de AENA, por cualquier huelga salvaje -por más que incluso llegue a ser legal- o por el derrumbamiento material o virtual de cualquier infraestructura. Conviene no olvidar que con la semanita increíble que llevamos vivida en Barcelona, cualquier cosa es ya imaginable y hasta previsible.

Lo dicho en la primera entrada: que no nos pase nada.